Todos sabemos que el sistema educativo español provoca unas tasas de abandono muy altas, como veis lo cambios que ha propuesto el gobierno, aquí los principales:
Pruebas externas de evaluación (o "reválidas"): Al finalizar cada etapa educativa los alumnos serán evaluados mediante unas pruebas externas, que en la ESO y en el Bachillerato tendrán el carácter de las antiguas "reválidas" pues si no las superan los alumnos no podrán pasar a la etapa siguiente —la prueba al final de la primaria tendrá, en cambio, sólo valor "orientativo"—. Con ello, según el proyecto, se pretende, además de valorar externamente la eficiencia del sistema, «fomentar la competitividad y la cultura del esfuerzo». La prueba final del Bachillerato sustituye a la selectividad, aunque cada universidad o facultad puede elaborar una prueba de acceso propia, por lo que el alumno en ese caso tendrá que superar dos exámenes para poder entrar en ellas. El alumno que suspenda la "reválida" del final del Bachillerato tendrá, en cambio, la opción de acceder a la Formación Profesional de grado superior.
Itinerarios en el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO): En 3º de ESO los alumnos tendrán que elegir entre dos itinerarios diferentes, uno conducente a la Formación Profesional y otro al Bachillerato. Se adelanta, pues, un curso el momento de tomar esa decisión que la LOE situaba en 4º de ESO. Así, por ejemplo, los dos niveles de Matemáticas A y B se empezarán a impartir en 3º y no en 4º como hasta ahora. Otra novedad es que los alumnos que repitan 2º de ESO dos veces —un supuesto que no existe en la actualidad pues los alumnos que repiten un año promocionan automáticamente a 3º de ESO— podrán acceder a una nueva FP llamada "básica", que sustituirá a los actuales PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial) y en la que los alumnos aprenderán los rudimentos de un oficio validado con un certificado del Ministerio de Trabajo. El proyecto de ley atiende a una de las críticas formuladas a esta FP "básica" y no será una vía muerta con lo que los aprobados podrán cursar FP de grado medio e incluso presentarse a la "reválida" de la ESO para obtener el título. Por otro lado, para los alumnos de 2º y 3º de la ESO que tengan dificultades para seguir el currículum ordinario se establecen los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento.
Determinación del currículum de las "asignaturas troncales" y de las "asignaturas de especialización de carácter opcional": El gobierno central se reserva el establecimiento del currículum de las "asignaturas troncales" (Matemáticas, Ciencias, Castellano, Historia e Idioma Extranjero), para acabar con las "insostenibles" diferencias entre comunidades. Los contenidos del resto de las asignaturas llamadas asignaturas de especialización de carácter opcional será elaborados por las comunidades autónomas, aunque los objetivos y los criterios de evaluación los fijará el ministerio. En cuanto a las lenguas cooficiales, que pierden la consideración de asignaturas troncales, el currículum correrá a cargo de la comunidad correspondiente.
Subvención estatal a los colegios privados catalanes que acojan alumnos que no encuentren centros públicos o concertados que tengan "línea en castellano": El gobierno central adelantará el dinero para pagar a los centros educativos de Cataluña que no sigan el modelo de inmersión lingüística en catalán que defiende la Generalitat de Cataluña por los alumnos que acojan que no hayan podido encontrar un colegio público o concertado que utilice el castellano como lengua vehicular. Ese dinero se descontará de las transferencias a Cataluña, por lo que en última instancia será la propia Generalitat la que acabe pagando por esos alumnos —unos 1.000 según el ministerio—. Según explicó el ministro Wert se trata de una medida «excepcional y transitoria» hasta que se cumplan las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a la Generalitat a ofertar plazas de "línea en castellano".
Asignatura de religión: Se vuelve a dar plena validez académica a la asignatura de religión —contará en el expediente académico por lo que se contabilizará para pedir una beca, por ejemplo— y se establece una materia "alternativa fuerte" a la misma que se llamará Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria. Por otro lado desaparece definitivamente la materia Educación para la ciudadanía muy contestada por la jerarquía eclesiástica católica y por el propio Partido Popular.
El papel del Consejo Escolar: El Consejo Escolar —en el que están representados la administración, la dirección, los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos— sigue siendo el órgano de gobierno de los centros públicos y de los privados concertados, pero pierde atribuciones que pasan a la dirección del centro como los presupuestos, los proyectos educativos o los procesos de admisión de los alumnos. En los centros públicos también pierden peso a la hora de elegir al director.
Autonomía de los centros: Los centros podrán especializarse en un área determinada, como ciencias o deportes, o en un tipo de enseñanza, FP o Bachillerato. Asimismo podrán implantar planes de mejora optando a fondos extraordinarios aportados por la administración. También gozarán de cierta autonomía a la hora de valorar la nota académica en el proceso de admisión al Bachillerato.
Enseñanza privada concertada: La oferta de plazas se organizará atendiendo a la "demanda social" (es decir, si los padres piden un centro público o uno privado concertado), por lo que se elimina el compromiso del Estado de garantizar una plaza en un centro público en primaria y en la ESO.
Conciertos con los colegios que separan por sexos: El proyecto de ley establece que los colegios exclusivos de chicas o de chicos podrán seguir recibiendo dinero público —en contra de lo establecido por algunas comunidades autonómicas como Andalucía—. Sin embargo, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado la ley establece que los centros segregados que soliciten el concierto deberán justificar que su modelo educativo segregado es equiparable al del resto de centros que siguen el principio de lacoeducación.
El gobierno calcula que la implantación de la ley costará unos 400 millones de euros destinados fundamentalmente a financiar la nueva FP "básica" y los nuevos itinerarios en 3º y 4º de ESO. La mitad de esos fondos piensa obtenerlos del Fondo Social Europeo, con lo que no supondrá un aumento sensible del déficit público.
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