Las dos famosas cerezas de Pacha, la cadena de discotecas más exclusiva de Europa, están a punto de caer en Bilbao, más por verdes que por maduras. Por de pronto, el Juzgado de Primera Instancia número 1 ha ordenado al Ayuntamiento paralizar la actividad del club que la firma de ocio nocturno pretendía inaugurar el próximo mes de febrero en los bajos de un edificio residencial de la calle Luis Briñas, situado a escasos metros de la sede de la Policía Municipal.
La apertura del local, de 600 metros cuadrados, que operaría en calidad de café-teatro, corre, pues, serio peligro. Las obras, iniciadas a principios de octubre, se encuentran interrumpidas en estos momentos. Los gestores del anterior negocio donde se ha emplazado el establecimiento -funcionó durante varios años como Cervecería La Riza- vendieron a Pacha una licencia de actividad embargada. Un asunto que el Consistorio pasó por alto -pese a estar informado de ello a través de un auto judicial-, al ignorar la situación jurídica de los anteriores promotores hasta el punto de conceder el permiso de explotación al empresario Javier Larrea. El juez exige ahora al Ayuntamiento la «paralización de cualquier actividad» relacionada con la licencia «objeto de discusión hasta que se aclare lo ocurrido con la misma».
Acuerdo municipal
Con el acuerdo municipal en la mano, el futuro gerente de Pacha -criado profesionalmente en la discoteca de Ibiza, la joya de la corona del grupo- comenzó a diseñar el proyecto de la capital vizcaína nada más obtener la licencia de franquicia del imperio fundado, a finales de los sesenta, por el barcelonés Ricardo Urgell. Larrea avanzó en una entrevista a este periódico sus planes para una sala que ya tenía nombre -Sweet Pacha- y a los operarios trabajando en su interior, acometiendo diversas obras de reforma.
Sin la oposición de los vecinos, con algunos de cuyos miembros se reunió «a fin de evitar malentendidos» y aclarar que el club funcionaría sin ocasionarles «ningún tipo de molestias», Larrea adelantó que los trabajos supondrían un desembolso superior a los 1,2 millones de euros. Sin concretar tampoco la identidad de los inversores implicados en este proyecto, dejó entrever que entre los mismos figuraban «destacadas personalidades» del deporte vizcaíno. Todas las miradas apuntaron a futbolistas del Athletic.
Pero la publicación de aquella entrevista, en la que Larrea avanzó que Pacha venía a cubrir el «gran vacío» existente actualmente en la noche bilbaína, destapó un complejo asunto que ha discurrido, desde 2003, por varios juzgados de la ciudad. Un grupo de empresarios, entre los que figuran también varios ex jugadores del equipo rojiblanco, revelaron el contenido de una primera sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Vizcaya -fechada el 15 de julio de 2004- que obligaba a los gestores del anterior negocio al pago de unas deudas superiores al medio millón de euros, incluidos los intereses y las costas procesales.
Al no hacer frente al pago, y pese a presentar posteriormente un recurso de apelación, el tribunal declaró también embargados los bienes materiales que la firma arrendataria del inmueble -Txalaparta, integrada por Félix Arriazu y Miguel de la Oza- poseía en el local, como cafeteras, aparatos musicales, equipos de videovigilancia y cajas registradoras. «Aunque se llevaron todo», denuncian los empresarios que reclaman las deudas a Txalaparta.
Tira y afloja judicial
En un intento de alcanzar un acuerdo, los demandados negociaron en diciembre de 2004 la nulidad de los embargos, alegando que el contrato de arrendamiento prohibía traspasar el local o cederlo a terceras personas. Para poder ejecutar los débitos reclamados, sopesaron un plan que pasaba por la venta de la antigua fábrica de cerveza, previa cancelación del contrato de leasing, con el que esperaban obtener 180.000 euros, y en abonar 72.000 euros anuales con los beneficios de la explotación del local. Los demandantes supeditaron la ejecución de esta operación a la presentación de un aval bancario. Al no lograrlo, la desestimaron.
En medio de esta maraña judicial, en marzo de 2005, la entidad propietaria de la cervecería -Picmatic SA- solicitó el alzamiento de los bienes, rechazado por el juzgado. A finales de ese año, otro dictamen dio traslado a las partes de la posible nulidad del embargo de los derechos de arrendamiento y licencias de actividad, que los demandantes volvieron a recurrir.
En este continuo tira y afloja de recursos y alegaciones que no parecía tener fin, un auto de la Audiencia Provincial ratificó, el 15 octubre de 2007, el embargo de las licencias. No obstante, pese a esta resolución, Picmatic firmó con Larrea un contrato de cesión de los derechos de las mismas para Pacha, según explicaron los abogados de los demandantes. Ante este inesperado giro, el Juzgado de Primera Instancia dictó el pasado viernes una providencia que cuestiona la intervención del Ayuntamiento, al que este asunto parece haber pillado a contrapié.
El juez insta al Gabinete Azkuna a aclarar «si cumplió» el oficio dictado un año antes en el que se le mandaba «anotar el embargo de la licencia de apertura e instalaciones» que Txalaparta posee en La Riza. El Juzgado exige también al Consistorio que explique si se ha vuelto a solicitar licencia «para el local indicado, a nombre de quién y si se ha otorgado un nuevo permiso». A la espera de una respuesta, le insta a «paralizar» cualquier actividad hasta «aclarar» lo sucedido.
Bueno pues opinar el retraso de la Pacha y que os parece
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